Las personas identificadas ya fueron intimadas a regularizar su situación o cesar la actividad
El Colegio reúne antecedentes para avanzar con denuncias penales y pidió verificar siempre la matrícula antes de comprar, vender o alquilar.
Como resultado de nuevos rastrillajes territoriales llevados adelante por el Departamento de Fiscalización, se detectaron presuntos casos de ejercicio ilegal de la actividad inmobiliaria en San Lorenzo y Venado Tuerto.
Las personas identificadas fueron intimadas a regularizar su situación o cesar la actividad, mientras COCIR continúa reuniendo antecedentes y realizando las gestiones necesarias para avanzar, cuando corresponda, con las denuncias penales.
El relevamiento forma parte de una nueva etapa de trabajo territorial iniciada luego de reuniones con las delegaciones regionales. El objetivo es identificar situaciones irregulares, detectar la intervención de personas no matriculadas y promover el cumplimiento de la Ley Provincial N.º 13.154 en toda la jurisdicción.
No se trata de una irregularidad menor. En una operación inmobiliaria están en juego viviendas, ahorros, contratos e inversiones. Cuando la intermediación queda en manos de personas sin título ni matrícula habilitante, la ciudadanía pierde las garantías de formación, responsabilidad, ética y control institucional que ofrece un profesional habilitado.
La Ley Provincial N.º 13.154 establece que las personas no matriculadas no pueden ejercer habitualmente actos de corretaje o intermediación inmobiliaria y asigna al Colegio profesional el deber de denunciar el ejercicio ilegal ante la autoridad competente. En ese marco, COCIR también viene solicitando audiencias con municipios y comunas para fortalecer los controles y la cooperación institucional.
En la gestión precedente, COCIR ya promovió acciones penales sobre un universo inicial de 18 vendedores y brokers denunciados por la presunta comisión del delito de ejercicio ilegal de la profesión, previsto en el artículo 247 del Código Penal.
A partir del acuerdo de colaboración institucional celebrado con el Ministerio Público de la Acusación, estas denuncias reciben un tratamiento específico. En ese marco, se sustancian audiencias imputativas y ya se formalizaron los primeros acuerdos conciliatorios, sujetos al cumplimiento de condiciones de regularización, adecuación o cese de la actividad.
Las actuaciones ya comenzaron a producir resultados: algunos denunciados iniciaron procesos de matriculación y otros formalizaron el cese de actividades de intermediación inmobiliaria, incluyendo cambios en perfiles de redes sociales, publicaciones comerciales y canales de difusión.
Antes de operar, verificar la matrícula
Antes de entregar dinero, firmar una reserva, comprar, vender o alquilar, es indispensable verificar que el nombre y el número de matrícula del corredor inmobiliario coincidan con los datos publicados en el Padrón de Matriculados de COCIR: www.cocir.org.ar/paginas/matriculados. Esta consulta permite confirmar que la persona está habilitada y que su actuación se encuentra bajo control institucional.
Si el profesional no figura en el padrón, existen diferencias en sus datos o se advierte una situación sospechosa, es fundamental no avanzar y realizar la denuncia ante COCIR mediante el canal www.cocir.org.ar/paginas/denuncias. Denunciar permite iniciar investigaciones, reunir pruebas, prevenir estafas y evitar que otras personas resulten perjudicadas.
El Colegio profesional, una garantía para la ciudadanía
La existencia de un Colegio profesional resulta indispensable para garantizar que quienes ejercen la actividad cumplan requisitos de formación, habilitación, responsabilidad y ética. COCIR, controla el ejercicio profesional, fiscaliza irregularidades, recibe denuncias y promueve las acciones necesarias para proteger a la ciudadanía y jerarquizar la profesión.
La matrícula no es una mera formalidad administrativa: es una garantía pública y un mecanismo de protección institucional. Trabajar con un corredor inmobiliario matriculado significa operar dentro de un marco de legalidad, profesionalismo y responsabilidad. Defender la matrícula y el Colegio profesional es, en definitiva, defender a la ciudadanía.
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